SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ ANULO LA MULTA IMPUESTA POR LA SALA ELECTORAL AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UCV

Profesor Amalio Belmonte, Secretario de la UCV

La Sala Constitucional del TSJ dejó sin efecto una sentencia del 17 de mayo, de la Sala Electoral, en la cual se establecía el pago de 200 unidades tributarias (18.000 bolívares) por parte de cada uno de los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, incluida la rectora, Cecilia García Arocha. La decisión de la Sala Electoral, con ponencia del magistrado Fernando Vegas Torrealba, imponía al Consejo Universitario de la UCV la multa por el desacato de la decisión N° 104, del 10 de agosto de 2011, mediante la cual el máximo tribunal ordenó, entre otras cosas, reformar el reglamento electoral de esa casa de estudios para adecuarlo a los postulados de la Ley Orgánica de Educación (que consagra la participación igualitaria de todos los miembros en los procesos electorales) y no convocar a nuevos comicios internos mientras esa reforma no se efectuara. 
La sentencia dice que la Sala Constitucional decide "garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes intervinientes en el recurso contencioso electoral", y por tanto "ordena la suspensión de los efectos de la sentencia N° 83 dictada el 17 de mayo de 2012, por la Sala Electoral de este supremo tribunal mientras se decide sobre la revisión de la sentencia mencionada". Castigo a un acto de conciencia. Las reacciones no se hicieron esperar. 
El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, cree que la decisión de suspender la multa al Consejo Universitario se debe al efecto visible y condenable de la sentencia. "Cómo va una Sala a multar a profesores y Consejo Universitario por decidir democráticamente. Era un castigo a un acto de conciencia. Eso debió influir en la suspensión de la multa", dijo. El profesor universitario aseguró que la sentencia es una agresión al patrimonio de los profesores y de los estudiantes: "Estaban cobrando el derecho de opinar. Además, en una universidad cercada económicamente, con profesores mal pagados y en condiciones precarias. A todo eso le agregan una multa. Por muy autoritarios que quieran ser y por mucho que quieran complacer al Presidente y al Ejecutivo, debieron darse cuenta de que era una decisión insostenible desde el punto de vista de la opinión pública nacional e internacional. Actuaron políticamente". "Es probable que estén definiendo cuáles decisiones de la sentencia van a suspender y cuáles mantendrán", apuntó.