El Vicerrector Administrativo de la UC Prof. José Angel Ferreira y el Presidente de la APUC, Prof. Jesús Villarreal consideran que el nuevo sistema de cálculo de los intereses sobre Prestaciones Sociales "es una gran estafa" para el sector.
El nuevo
sistema de cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores
universitarios, que fue establecido por la Opsu, encendió la mecha y puso en la
palestra la discusión de dicho mecanismo. Los expertos en materia de pasivos
laborales han salido al paso, desde el momento de la publicación del
instructivo, para alertar a la población venezolana sobre el grave daño que
ocasiona la implementación del mismo, al desmejorar los beneficios económicos
alcanzados por los docentes, empleados y obreros a lo largo de sus años de
trabajo.
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| Prof. Jesús Villarreal Presidente de la APUC |
Precisamente, cuando el
domingo 8 de enero, se publicó a través de la página Web de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (Opsu), el nuevo instructivo para
calcular los intereses de prestaciones sociales al personal de las
universidades nacionales, inmediatamente surgió preocupación en el colectivo.
Desde la ciudad de Valencia, se está dirigiendo la lucha nacional para tratar
de "revertir" este mecanismo que afecta a 6 mil 439 trabajadores de
la Universidad de Carabobo, pero también a cerca de 60 mil personas de todo el
sector universitario y más de 600 mil que pertenecen al sistema de Educación y
de Salud de Venezuela.
¿Qué ocurrirá si se
aplica este instructivo? ¿A quiénes afectará el nuevo cálculo de prestaciones
sociales? ¿Cuáles son las acciones que tomarán los gremios y universidades del
país en adelante? Éstas son solo algunas interrogantes que surgen ante un
panorama que muchos han considerado difícil, pero decisivo para el país, por
ser un año electoral en el que cambiará -para bien o para mal- el futuro de los
venezolanos. Para despejar estas dudas, fueron invitados al acostumbrado
Desayuno en la Redacción de Notitarde, el vicerrector administrativo de la
Universidad de Carabobo (UC), José Ángel Ferreira, y el presidente de la Asociación
de Profesores de la máxima casa de estudios regional (Apuc), Jesús Villarreal,
quienes estuvieron acompañados por Laurentzi Odriozola Echegaray, director del
diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Humberto
Torres, editor nocturno de ciudad; Daniela Chirinos Arrieta, editora y quien
presenta La Ventana; y Vanessa Carreño Rojas, quien suscribe este trabajo.
El vicerrector José
Ángel Ferreira aseguró que dicho instructivo "lesiona el patrimonio de los
trabajadores universitarios", al tiempo que señaló que con esta
"decisión injusta" el Ejecutivo Nacional le está quitando todos sus
años de trabajo a los empleados, situación que genera gran malestar en todo el
país.
"Nunca en la historia del país se había visto que a los
trabajadores les escamotearan, les robaran lo que por ley les corresponde"
A esta estimación se
unió el profesor Jesús Villarreal, quien sostuvo que estas acciones van en
contra de lo que promulga en su discurso el Presidente de la República,
"quien alega ser el Presidente de los trabajadores".
Aseguró que "esto
es neoliberalismo", y que nunca en la historia del país se había visto que
a los trabajadores "les escamotearan, les robaran lo que por ley les
corresponde".
Asimismo, resaltó que a
pesar de que el gremio se haya declarado en emergencia ante la posibilidad de
que el docente pierda los intereses que por años han devengado sus prestaciones
sociales, se mantienen optimistas, pues consideran que la situación se puede
enmendar; pero si esto no ocurre "se estaría resquebrajando la paz
académica", lo que acarreará conflictos "que no sabemos cómo van a
concluir".
"Nosotros no
queremos que nos lesionen nuestros derechos, queremos que las deudas tengan su poder
adquisitivo que es lo único que nos llevamos nosotros después de muchos años de
trabajo", apuntó.
Decisión con trasfondo político
Después de 14 años sin
que los trabajadores universitarios cobren sus intereses de prestaciones
sociales, el presidente Hugo Chávez Frías anunció el año pasado al país que va
a cancelar la deuda laboral, decisión que -a juicio de Ferreira- tiene un
trasfondo político, puesto que estamos en un año electoral y "al hacer ese
anuncio, vamos a estar claros, él gana voluntades".
No obstante, -aseguró-
la Opsu bajo los lineamientos del Ministerio de Finanzas creó un instructivo
basándose en la sentencia 687, del magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, de la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 16 de
octubre de 2003, que va en contradicción con lo que -a su juicio- persigue el
mandatario nacional.
Precisó que a partir del
año 1975, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la Ley Orgánica del Trabajo
(LOT) estableció que se debían pagar los intereses de prestaciones sociales
-que son el capital que un trabajador acumula durante sus años de servicio en
una empresa u organización-; sin embargo, "hubo muchos años que no se
pagó, pero la universidad hizo las diligencias necesarias para que se cancelara
dicho beneficio", reseñó Ferreira.
Explicó que cuando el
trabajador se jubila, tiene derecho a cobrar los intereses de sus prestaciones,
los cuales son calculados a la tasa pasiva de los bancos del país, con el
añadido de que esos intereses "eran capitalizables anualmente". Es
decir, que los intereses acreditados comenzaban a formar parte del capital y
éstos a su vez, devengaban intereses hasta el momento de la cancelación de la
deuda. Esta metodología aplica para el personal jubilado del año 1998 al 2011,
mejor conocido como régimen viejo.
Posteriormente,
prosiguió el Vicerrector, se creó una ley que estableció un régimen nuevo al
que se apegaron cuatro universidades del país: de los Andes (ULA), la Nacional
Experimental del Táchira (Unet), los empleados de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (Uneg) y la Universidad de Carabobo (UC).
"Con este mecanismo el profesor, el empleado,
el obrero van a ser castigados dos veces.
Esto es una gran estafa"
El mencionado estatuto
contempla que el profesor, al momento de su jubilación, recibirá un bono de
transferencia que será sumado al capital y el monto restante se le pagaría en
los primeros cinco años a una tasa promedio entre la tasa activa más la pasiva
y era capitalizable. Ahora bien, si transcurría ese tiempo y el Ejecutivo no
había cancelado la deuda, entonces pasaría a pagar los intereses calculados a
una tasa activa "que es fuerte porque es la más alta", y con el
agregado de que también eran capitalizables.
"La intención del
legislador con esto, era castigar al Ejecutivo sino había pagado en ese tiempo
o por el contrario motivarlo a que cancelara en el tiempo establecido para
evitar que la deuda fuese creciendo", indicó el profesor Ferreira.
Ahora bien, el problema
radica -según expusieron Ferreira y Villarreal- en que el nuevo instructivo
establece que después de que concluye la relación laboral, los intereses son
considerados de mora y por ende no son capitalizables. Para el régimen viejo,
los intereses de los años 1998 y 1999, serán calculados al 3%; a partir de
allí, el cálculo se realizará en base a la tasa promedio pasiva del país -un 8%
o 9% según el año-.
Mientras que, para las
universidades transferidas al nuevo régimen, el instructivo de la Opsu señala
que, los primeros cinco años, los intereses -que eran calculados a una tasa
promedio activa y pasiva y capitalizables- ahora son considerados de mora y,
por ello, no opera la capitalización.
"Esto ocasiona un
daño terrible" al profesor, empleado y obrero universitario, enfatizó
Ferreira; al tiempo que mencionó que "hay personas que tienen 32 años de
servicio e iban a cobrar 800 mil bolívares, ahora pueden terminar cobrando 350
mil o 400 mil y ésa no era su expectativa; otros colegas cobraron lo que les
correspondía, si ellos tuvieron ese derecho, por qué nosotros no podemos
tenerlo ahora".
Los invitados al Desayuno coincidieron en que el nuevo instructivo
es anticonstitucional porque viola el artículo 89 de la Carta Magna, que reza: "Ninguna ley podrá
establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los
derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la
realidad sobre las formas o apariencias".
Sustitución de una deuda por otra
Con respecto a cómo el
Gobierno cancelará la deuda, Ferreira reveló que pretende pagar con los
llamados "petrobonos", es decir, le dará al trabajador un bono que
posteriormente podrá vender, pero nunca será por el valor real, "sino por
uno distinto que siempre estará por debajo del real". O -continuó- la otra
opción es que el trabajador se quede con el bono y espere que éste se venza
para ganarle intereses.
"Allí entra (el
Gobierno) en contradicción con la ley, porque ésta dice que, en el caso del
régimen viejo, se le debe pagar al trabajador en efectivo, mientras que al
régimen nuevo sí cabe la posibilidad de que se les cancele 'con papeles'".
Ante este panorama, el
profesor Villarreal aclaró que la dirigencia gremial "no acepta ni
aceptará" que se les cancele con papeles. "Nosotros pedimos que al
trabajador se le entregue en efectivo lo que le corresponde", señaló.
De igual forma, detalló
que en el pasado tuvieron malas experiencias en cuanto al pago con bonos,
puesto que éstos terminaron en manos de las sociedades financieras y los
corredores, porque "el hambre del trabajador universitario" lo obligó
a venderlos entre un 50 ó 60% de su valor.
Su oposición se debe
-según dijo- a que el Gobierno lo que está haciendo con todo esto es cambiar
una deuda por otra. "Está cambiando una deuda de valor, con un poder
adquisitivo por unos papeles que tienen un vencimiento y que dentro de 20 años
no tendrán el mismo valor", afirmó.
No obstante, indicó que
a pesar de haberle solicitado al Gobierno que cancele la deuda de los
trabajadores en efectivo, el gremio no está cerrado a la idea de escuchar otras
propuestas de pago. "Lo que pasa es que no lo han hecho. Lo que están es
introduciendo elementos como éstos (el nuevo instructivo) para seguir ganado
tiempo".
"La aplicación del instructivo va a causar un
gran daño político a la presidencia, por eso
debe ser enmendado, porque de lo
contrario sería un suicidio"
"Tecnicismo para bajar la deuda"
Por su parte, el
Vicerrector de la máxima casa de estudios de la entidad calificó el nuevo
instructivo como un "tecnicismo", utilizado por el Ejecutivo Nacional
para bajar la gran deuda social que tiene con los trabajadores universitarios.
"Con este mecanismo
el profesor, el empleado, el obrero van a ser castigados dos veces. Esto es una
gran estafa", aseveró Ferreira, quien consideró que dicha normativa debe
ser revertida de inmediato.
Igual opina Jesús
Villarreal, quien durante la entrevista aseveró que las decisiones tomadas
desde el Alto Gobierno "son soluciones tecnicistas para minimizar los
pasivos laborales de los trabajadores".
El dirigente del gremio
profesoral en el estado Carabobo, también considera que este nuevo instructivo
es una especie de "distraccionismo", para ganar tiempo.
"La tecnoburocracia
malévola y perversa del Alto Gobierno inventa para escamotearnos los pocos
recursos que nos corresponden, para limitarnos el patrimonio, para quitarnos lo
nuestro y para ganar tiempo", manifestó enfáticamente.
Asimismo, afirmó que
este nuevo elemento está generando, primero, "un gran ruido para tratar de
sentarnos en una mesa de negociación y así seguir ganado tiempo" y,
segundo, crea expectativas que podrían transformarse en "una fuente
terrible, porque ocasiona una gran decepción y frustración en la
colectividad", situación que -en su opinión- puede desencadenar
conflictos, ya que "la universidad venezolana va a luchar unida en torno a
este reclamo".
Exigen discusión de instructivo
José Ángel Ferreira y
Jesús Villarreal exhortan al presidente Hugo Chávez a que revise y rectifique
el instructivo, "porque eso no fue lo que él ofreció", por el
contrario, aseguran que es una decisión "unilateral" por parte del
Gobierno. De igual forma, proponen mesas de discusión para que los
universitarios puedan plantear sus argumentos y defender sus derechos
laborales.
"Si el Ejecutivo
insiste en la aplicación del instructivo, va a causar un gran daño político a
la presidencia, por eso debe ser enmendado, porque de lo contrario sería un
suicidio", advirtió Ferreira.
Mencionaron que no
fueron consultados sobre la aplicación de dicho instructivo y, aún cuando la
ministra para la Educación Universitaria, profesora Yadira Córdova, les
prometió el año pasado, darles un cronograma y forma de pago de los pasivos
laborales antes de que finalizara el 2011, la propuesta "nunca" la
recibieron.
"Tenemos 14 años
esperando este pago, los acreedores de estas deudas han ido envejeciendo, nos
hemos ido enfermando como consecuencia de que no se nos cumple con nuestro
beneficio", comentó Villarreal.
"Esto no tiene que
ver con la administración pública de la universidad", dijo por su parte
Ferreira, "no tiene que ver con lo que manejan las autoridades, ni con lo
que administra el gremio, sino con el profesor, el obrero y el empleado, que ha
trabajado por tantos años y con lo que en justicia le corresponde".
Reiteraron que tienen la
mejor disposición para sentarse a dialogar sobre el tema y que no buscan
conflicto, porque por el contrario "somos constructores de
soluciones" y lo que persiguen es que el trabajador no resulte
perjudicado.
-¿Qué pasará si el instructivo Opsu prospera? ¿Cómo procederá el
sector universitario?
-En una primera
instancia vamos a llamar al diálogo al Ejecutivo, pero si no somos oídos y se
agota la parte del diálogo, entonces iremos a la Sala Constitucional del TSJ y
como tenemos sentencias del 2008, 2009 y 2010, que dicen lo contrario a la de
la Sala de Casación Social, pues introduciremos un amparo constitucional para
que se rebata esa sentencia (687, de fecha 16 de octubre de 2003). Nos
apegaremos al precepto del artículo 335 de la Constitución -el Tribunal Supremo
de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales- para que la Sala Constitucional dirima esto, porque los
argumentos utilizados en el instructivo son en base a la Sala de Casación
Social que obviamente no es la que puede dar la última palabra en esta naturaleza-,
planteó Ferreira.
Por su parte, el
profesor Villarreal señaló que los universitarios irán "hasta el final, no
tenemos regreso en una lucha como ésta".
Ahora bien, sin perder
tiempo y con la intención de buscarle una salida positiva a la problemática por
la que atraviesa el sector universitario, el núcleo de Vicerrectores
Administrativos se reunirá la próxima semana en Valencia. Aún el día y lugar no
han sido definidos.
Entretanto, el gremio
docente también hará lo propio y, para ello, están convocando a una asamblea
general de profesores, que se llevará a cabo el próximo viernes 20 de enero, a
las 10:00 de la mañana, en el Colegio de Abogados de Carabobo.
A pesar de que el
panorama se vislumbra desalentador para algunos, Ferreira y Villarreal, mantienen
la esperanza de que la situación va a cambiar. Y es que, el hecho de que hayan
tumbado de la página Web de la Opsu el nuevo instructivo de cálculo de los
pasivos laborales, es considerada una acción "positiva" entre tanto
revuelo.
"Lo tumbaron y no
lo han vuelto a montar y esto es positivo, porque quiere decir que se dieron
cuenta de que habían tomado una decisión absolutamente ilógica y
antipolítica".
El sector universitario está unido
Al final, de todo lo
malo siempre surge algo positivo, y es que, los invitados al Desayuno en la
Redacción coincidieron en que este conflicto, ahora más que nunca, debe
mantener unido al sector universitario, pues es una lucha de docentes,
empleados y obreros, sin distingo ideológico, político o social. Y, una prueba
de ello, -según manifestaron- es el "absoluto respaldo" que han
ofrecido los trabajadores oficialistas a los gremios e instituciones que
alzaron su voz al unísono para defender los derechos laborales.
Ventana
"Nuestra lucha es permanente"
Daniela Chirinos Arrieta
Ésta es una lucha
consecuente de la universidad venezolana, y hay que mantenerla, pero sobre todo
hay que darle un valor agregado a través de propuestas para que se produzcan
soluciones", expresa el vicerrector administrativo de la UC, José Ángel
Ferreira.
"No andamos
buscando conflicto", aclara Jesús Villarreal, presidente de la Apuc,
aunque enfatiza que "no lo podemos evitar", pues se trata de la
defensa de los derechos del sector universitario, por eso "nuestra lucha
es permanente".
Muestra de ello, es que
"al inicio de 2011, estábamos inmersos en una huelga de hambre que se
impuso ante el Ejecutivo y concluyó con la creación de unas mesas de diálogo,
pero terminando el año, estábamos otra vez reunidos con la directora de la Opsu
y personal de la Contraloría General de la República. Ahora, empezamos otro año
en una situación de conflicto", repasa Villarreal.
Desempeñar ambos roles
no es una labor sencilla, por lo que sus jornadas comienzan casi al alba con
lecturas de la prensa nacional y regional; luego, se reúnen con sus equipos de
trabajo para plantear las agendas.
"Mi jornada de
trabajo es de 14 horas diarias, en las que tengo que buscar espacio a la
creatividad para encontrar alternativas distintas a las situaciones del día a día",
comenta Ferreira. Entre tanto, Villarreal señala que en la Apuc se debaten dos
agendas: una local e interna (que recoge los planteamientos para las
autoridades universitarias, y los asuntos con otros gremios), y otra nacional
(vinculada a la Fapuv).
Villarreal tiene siete
años al frente de la Apuc, cargo que le corresponde entregar a finales de 2012.
Conmovido afirma sentir "el deber cumplido", aunque "nunca
podemos estar satisfechos, porque nuestra problemática es aguda y difícil".
Ferreira tiene tres años
en la vicerrectoría administrativa de la UC, período que culmina en enero de
2013, además es Coordinador Nacional del Fondo Especial de Jubilaciones.
También ha sido Decano de la Faces-UC, presidente de la Federación de Centros
de Estudiantes, Consejero Universitario, entre otros cargos.
"Éste es un año
político", comenta Ferreira, aunque dificulta que haya cambios en el área
educativa. "En todo caso, creo que es un año para escuchar propuestas de
los candidatos de la oposición y del Gobierno, que deben ser analizadas por los
universitarios".
También afirma tener fe
que en el debate electoral surja la Ley de Financiamiento de la Educación
Superior, ya que "es la única autonomía que podemos esperar este
año". Villarreal, espera que se apruebe el reglamento de la LOE "con
lo que la AN está en mora", se le asignen los recursos necesarios a las
universidades.
TOMADO DEL DIARIO NOTITARDE DE VALENCIA, 18 DE ENERO DEL 2012
el instructivo es injusto e ilegal
Recurso ante la Sala Constitucional* del TSJ
